Desafíos Ambientales

Aguas Residuales

Los centros poblados y desarrollos urbanos en constante crecimiento representan una intensa presión para la Cuenca, por la gran falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales.
El 92% de las aguas residuales a nivel nacional se descargan en los cursos naturales de agua sin tratamiento previo.
De acuerdo al último censo, únicamente el 8% de las aguas negras tienen algún nivel de tratamiento previo a la descarga.
Aunque el Ecuador posee grandes cantidades de agua, su contaminación pone en riesgo la disponibilidad futura de agua de calidad apta para consumo humano, riego, abrevadero, actividades recreacionales, etc.
En la Cuenca del Río Daule, exceptuando los cantones de Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas, Samborondón y Jipijapa, los cantones restantes solo llegan al 20% de cobertura de alcantarillado sanitario en sus cabeceras cantonales.

Malas prácticas agrícolas

El 79% del suelo de la Cuenca se utiliza para actividades agrícolas y ganaderas.
Existe un uso indiscriminado de agroquímicos: En el Ecuador entre 2003 a 2015 aumentó en 53% la importación de estos productos. (en los últimos 10 años ha aumentado un 20% el uso de estos productos)
38 tipos de plaguicidas altamente peligrosos se aplican tan solo en el cultivo del arroz.
La agricultura agresiva de monocultivos ocupa más del 75% del territorio, lo que perjudica la conservación del suelo y la biodiversidad.

Deforestación

En la cuenca del Daule, solamente el 13% de su superficie mantiene aún bosques naturales.
Entre el 2003 y el 2018 se perdió el 9% de la superficie de bosques naturales de la cuenca.
Existen 12 microcuencas que tienen alarmantes niveles de pérdida de suelo, catalogados como erosión potencial catastrófica (Pérdidas mayores a 200 toneladas por hectárea por año)

Soluciones

Cuidar los bosques existentes, proteger la vegetación de las riberas de los ríos, reforestar y promover prácticas amigables con el suelo.

Concientizar a las personas para que no boten su basura en el río, y exigir mejores prácticas a los municipios, las industrias y el sector agropecuario.

Exigir a las autoridades un mejor ordenamiento territorial: no construir en zonas inundables ni en riberas, destinar áreas de protección del agua, sembrar árboles, mejorar los cultivos para que soporten la sequía.